Coalición de sociedad civil pide la derogación del nuevo Código Penal

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Tegucigalpa. Una coalición de al menos 10 organizaciones de la sociedad civil, entre ellas, el Colegio de Periodistas de Honduras (CPH), el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) y Caritas Honduras, solicitaron la abrogación del nuevo Código Penal que entrará en vigencia en noviembre próximo.

El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) y las organizaciones de Sociedad Civil pidieron en conferencia de prensa que se renueve el convenio de la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH) y se derogue nuevo Código Penal ya que el que se publicó no es el mismo que se socializó.

Indica el código penal publicado es diferente al que se socializó entre 2015 y 2016 ante organizaciones de sociedad civil y expertas en derecho penal de igual manera, se puede determinar que el proyecto de Código dictaminado por la Corte Suprema de justicia no es el misma al promulgado.

Que el principio de justicia universal prescrito en el artículo 9 inciso 3, tal como se ha redactado, constituye un artilugio jurídico consignado con el objeto de que las personas que hayan cometido delitos transnacionales como el tráfico ilícito de estupefacientes o sustancias psicotrópicas eviten ser extraditados, para ser sometidos ante la débil e inoperante justicia hondureño, evitando penas aplicadas en Cortes de otros países.

El artículo 28 del cuestionado código, consiste en un mecanismo de represión y al derecho universal de la libertad de expresión dirigido de manera específica los redactores, directores de publicación o programa, directores editora, difusora o emisora y los directores de la empresa de grabación o de la impresión, en vista que se les deducirá responsabilidad penal por informar a la ciudadanía hechos que los corruptos a su juicio consideraran lesiones al honor.

También manifiestan que de acuerdo a lo establecido en el artículo 102 del decreto recién publicado, a partir del mes de noviembre las personas jurídicas serán penalmente responsables de los delitos dolosos que cometan los representantes legales o administradores de las mismas siendo esta norma una transgresión dirigida a la seguridad jurídicas de las empresas, ya que se estaría contradiciendo el principio de responsabilidad subjetiva.

El pronunciamiento lo respaldan instituciones como la Cámara de Comercio e industrias de Cortés (CCIC), y la Federación de Cámaras de Comercio e Industrias de Honduras (FEDECAMARA), el Foro Social de Denuda Externa y Desarrollo de Honduras (FOSDEH), el Frente Parlamentario de Apoyo a la MACCIH, la Coordinadora de Instituciones Privadas Pro las Niñas, Niños Adolescentes.

Asimismo, el Comité por la Libre Expresión del Claustro de Profesores de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Junta Directiva UNAH, la Pastoral Social Caritas Honduras y el Colegio de Periodistas de Honduras (CPH).

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