Tegucigalpa. Los periodistas de Honduras realizaron un plantón frente a
la Corte Suprema de Justicia en Tegucigalpa y San Pedro Sula, las dos
ciudades más importantes del país, para exigir la derogación de un artículo
del Código Penal que, consideran, atenta contra la libertad de
expresión.
El presidente del Colegio de Periodistas de Honduras (CPH), Dagoberto Rodríguez, dijo que el artículo, conocido como el 335-B,
aprobado a inicios de este año por el Parlamento hondureño, afecta no
solamente a los periodistas y comunicadores, sino también a los medios de
comunicación y ciudadanía en general.
Agregó que los periodistas y medios de comunicación pueden ser acusados
por apología al terrorismo a través de un medio de difusión como por sus
mensajes en redes sociales.
Rodríguez subrayó que con el artículo del nuevo Código Penal que está en
discusión en el poder legislativo, un juez o un fiscal de manera subjetiva
puede considerar que una persona particular o un periodista «está
cometiendo apología al terrorismo».
El artículo 335-B dice que quien «públicamente o a través de medios de
comunicación y difusión destinados al público hiciere apología,
enaltecimiento o justificación del terrorismo o de quienes hayan
participado en su ejecución, o incitare a otro y otros a cometer terrorismo o
financiamiento de este, será sancionado con pena de cuatro a ocho años de
prisión».
En un comunicado, el CPH también señaló que los periodistas no ven la
mínima voluntad política en el Parlamento «de derogar esta disposición
que criminaliza la labor de los periodistas y violenta garantías
constitucionales en materia de derechos humanos, especialmente en lo
relacionado a la libertad de expresión».
El polémico artículo 335-B transgrede garantías constitucionales,
especialmente aquellas que garantizan la libre expresión y emisión del
pensamiento, concretamente dos artículos de la Constitución de la
República, dos de la Convención Americana de Derechos Humanos y de la
Ley de Emisión del Pensamiento, indicó el CPH.
El poder judicial hondureño no ha respondido a un recurso de amparo
presentado por el CPH hace varios meses, pero sí al de otros sectores,
denegando el recurso porque habría sido mal planteado, según la prensa
local.
El CPH exhortó a los quince magistrados de la Corte Suprema de Justicia a
«que procedan a declarar, sin más dilaciones, la inconstitucionalidad del
artículo 335-B para poner fin a esta amenaza que existe sobre la prensa y
los medios de comunicación del país».
Los periodistas llegaron a las sedes del poder judicial en Tegucigalpa y San
Pedro Sula con mantas y pancartas con mensajes en contra del artículo
335-B, y algunos con su boca cubierta con una cinta adhesiva en señal de
protesta.
