Tegucigalpa.- El presidente del Colegio de Periodistas de Honduras (CPH) Dagoberto Rodríguez declaró que las cifras de asesinatos de periodistas “es espantosa y escalofriante” y demandó al Estado hondureño hacer justicia a sus víctimas y sus familias.
El dirigente gremial expresó lo anterior durante la instalación de la “Conferencia sobre Seguridad de Periodistas y Combate a la Impunidad” patrocinada por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) y el CPH.
En el evento participaron representantes de la Asociación de Prensa Hondureña (CPH), el Comité para la Libre Expresión (C-Libre), facultades de comunicaciones de las universidades del país y organizaciones de derechos humanos y que defienden la libertad de expresión.
A continuación el discurso del presidente del CPH:
Es muy grato y es de suma trascendencia instalar hoy acá en Honduras esta conferencia sobre seguridad de periodistas y lucha contra la impunidad, auspiciada por la Organización de las Naciones para la Educación, la Ciencia y La Cultura (Unesco) y el Colegio de Periodistas de Honduras (CPH), de la cual se espera surjan los lineamientos para la implementación de un plan estratégico que permita proporcionar las garantías fundamentales para realizar su trabajo con libertad y seguridad a los periodistas y a todos aquellos que nos dedicamos a la labor de comunicar, de investigar, de recoger y difundir información por cualquier medio de expresión.
Aunque la labor del periodista siempre ha entrañado riesgos aquí o en cualquier lugar del mundo por su naturaleza misma, en Honduras la labor periodística se ha convertido en los últimos tres lustros en una actividad de sumo peligro por diversas circunstancias, especialmente por el surgimiento de nuevas y diversas amenazas y actores vinculados a la corrupción pública, al crimen organizado, las pandillas y el narcotráfico.
Las cifras retratan una espantosa realidad que no se puede ocultar y que debe llamar profundamente la atención y la preocupación de nuestra sociedad y del Estado mismo, que son los llamados a garantizar el ejercicio libre, pluralista y seguro del derecho a la libertad de expresión en toda su dimensión.
Las cifras son escalofriantes. Desde 2001 a 2017, al menos 71 periodistas, comunicadores sociales, locutores, propietarios de medios del interior del país, camarógrafos, fotógrafos y otros trabajadores de los medios de comunicación han sido asesinados, convirtiendo a Honduras en uno de los países más peligrosos para ejercer esta profesión, después de México.
De esos casos mencionados, cerca del 91 % se encuentran en la impunidad y solo el 9% ha logrado resolverse, pero con la particularidad que solamente se ha apresado a los autores materiales, mientras los autores intelectuales siguen en la impunidad.
Frente a esta compleja situación, el Colegio de Periodistas de Honduras ha venido demandando respuesta a las instituciones del Estado en lo concerniente a la investigación y judicialización de los asesinatos de periodistas y comunicadores sociales, así como también con respecto a las amenazas y agresiones de que son objeto hoy muchos periodistas.
En dos oportunidades, los directivos del CPH nos hemos reunido con dos distintos secretarios de Seguridad y las cúpulas policiales para conocer puntualmente algunos de los casos y los avances de las investigaciones, pero lamentablemente las respuestas no han sido claras ni contundentes y los resultados a la fecha son más que notorios, es decir, sigue imperando una completa situación de vulnerabilidad e impunidad.
Por otro lado, en los últimos años hemos tenido, en Honduras, una situación de inseguridad en la cual periodistas, han tenido que salir del país para salvaguardar su vida, mientras otros han sido objeto de atentados, agresiones y amenazas.
Una muestra de ello, es que hasta el 30 de junio del 2017, el Mecanismo de Protección a Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia, instancia creada en 2016 por presiones de la comunidad internacional, recogió y tramitó al menos 22 solicitudes de protección de 19 periodistas y tres comunicadores sociales que estaban siendo objeto de diferentes tipos de amenazas, lo que representa el 21 por ciento de los 104 casos admitidos en esa institución a esa fecha.
Recientemente el estatal Comisionado Nacional de los Derechos Humanos mencionó que el ambiente de inseguridad prevaleciente en toda Honduras para los periodistas, condiciona mucho esa actitud de irrespeto a los derechos humanos fundamentales de las personas y al derecho colectivo de la ciudadanía a estar plenamente informada, a conocer las opiniones de las otras personas y a formarse sus propias opiniones para participar con deliberación en la acción política y el impulso al desarrollo del Estado.
Según el Conadeh, estas condiciones de inseguridad que afectan a toda la ciudadanía, amenazan también a quienes hacen uso de su libertad de expresión por los medios de comunicación, por eso hay numerosas recomendaciones que se han hecho por relatorías especiales para salvaguardar los derechos humanos de las y los periodistas y comunicadores sociales.
Bajo ese contexto y en las actuales circunstancias, lo que más preocupa es el fenómeno de la impunidad, que se constituye en una de las violaciones más frecuentes en contra de las víctimas y sus familias que tienen el derecho de conocer la verdad.
La impunidad de estos hechos, sea cual fuere la causa, incide de manera negativa en quienes se dedican al ejercicio de esta profesión porque provoca en los miembros del gremio periodístico la autocensura por temor a ser las siguientes víctimas de los criminales y de los enemigos de los periodistas.
Mientras el Estado hondureño no avance en la investigación, en la solución y judicialización de los casos, estas 71 muertes van a seguir estando ligadas al ejercicio de la profesión y a su labor de informar a la ciudadanía hondureña.
A lo anterior, se suman otro tipo de amenazas de tipo legal como el artículo 335-B que criminaliza la labor de los periodistas bajo la polémica figura de la apología del terrorismo, la cual como Colegio de Periodistas de Honduras hemos venido demandando su derogación por parte del Congreso Nacional y la Corte Suprema de Justicia. A la anterior se suma la Ley de Secretos Oficiales que contiene disposiciones que también atentan contra la libertad de expresión y la labor de los periodistas de investigar y divulgar información.
Hoy por hoy también nos preocupan las crecientes agresiones contra los periodistas por parte de grupos y activistas políticos radicales, así como el discurso anti periodistas de algunos candidatos a cargos de elección popular, porque eso puede dar lugar a una escalada en esta campaña política, que como todos sabemos ha estado marcada por un mensaje violento y confrontativo de algunos de sus principales protagonistas.
Quizás he planteado un panorama oscuro y desesperanzador, pero esa es la realidad a la que nos tenemos que enfrentar todos los días los periodistas hondureños.
Confiamos que esta conferencia contribuya a crear un ambiente más seguro para que podamos ejercer nuestra labor con plena libertad y sin ningún tipo de obstáculos.
Muchas Gracias
