Editorial Diario La Tribuna
AQUÍ pasan disposiciones sin sopesar lo que meten o establecer si son contradictorias a normas constitucionales. Después que metieron un artículo en el Código Penal para topar por terrorismo al periodismo –dizque por glorificar delitos, lo que se presta a todo tipo de interpretación caprichosa– ahora es en una ley de policía encasquetaron una disposición coartando la libertad informativa. (Menos mal que la amenaza anterior fue derogada –después del alboroto que provocó semejante despropósito– en cumplimiento del compromiso del titular del Legislativo). Ahora es que se les antoja impedir el acceso de la prensa a la información y el derecho de la ciudadanía de enterarse y conocer lo que sucede sin cortapisa. Buscan –bajo un peregrino entendimiento de la presunción de inocencia– mantener en secreto a los capturados. Esconderlos bajo el eufemismo que les violan derechos al presentarlos, pese a que la prensa, cuando ofrece la noticia debe observar toda la cautela asumiendo que se trata de la presunción de un delito cometido.
Del supuesto –entiéndase bien– no de algo que ya fue comprobado o definitivo. Lo mismo con la inocencia. Se presume. Sujeta al debido proceso. Así las cosas, cuando los periódicos ofrecen la foto de un detenido, no se refieren a este como “el delincuente”, sino como sospechoso. Se utilizan los términos “presunto” implicado o el “supuesto” delito por el cual lo detienen.
Todo es hipotético. Ya que de eso se trata la presunción de inocencia, de una conjetura mientras no haya condena. Dicho lo anterior, se entendería, entonces, la instrucción a la Policía de no presentar detenidos a los medios, supone que no se exhiban como culpables, sino como sospechosos. (¿Qué decir entonces del traslado que hace el Ejecutivo de reos de una prisión a otra, con detalle de fotos y filmados del operativo?) Si la idea fuese prohibir la presentación de detenidos ¿la pretensión, entonces, sería que la autoridad que investiga y captura a sospechosos, luzca inútil? Ello es así ya que la prensa todos los días cubre los crímenes y los delitos cometidos. Ahora bien, el equilibrio consiste en mostrar que las fechorías, los asesinatos, los crímenes no quedan impunes. Que son perseguidos por la autoridad. Que capturan sospechosos, para continuar con la investigación, acumular pruebas y presentarlas a los juzgados. La iniciativa planteada en la Cámara Legislativa, sugiere que todo eso se haga en forma sigilosa. Que al sospechoso lo escondan a la hora de detenerlo; que lo desaparezcan; que lo escurran por túneles ocultos cuando se presente a los juzgados.
Que todo se mantenga en absoluto secreto ya que ello –eso arguye– daña su honor. Sí, es cierto que la sola presunción ya en sí tiene efectos negativos al honor, en caso que el imputado alcanzase salir bien librado de los juzgados. Pero es que la justicia así opera. No porque los muestren o lo encubran. Sino porque no hay forma de no sufrir menoscabo personal, mientras priva la sospecha. Lo que ofrece reparación a la integridad de la imagen propia, es la reivindicación en un juzgado si es absuelto de culpa. En algo compensa el daño. No todo. Esa es la vaina de toda acusación. Pero así funciona la justicia. Ello no es culpa de los que ofrecen la noticia. Ya que la prensa también cumple con el imputado y la sociedad, publicando el veredicto. Lo que sí es hiriente al honor son esas menciones e implicaciones que se hacen, en montajes teatrales de figuración, de puros chismes. Pero si la autoridad no presenta a los detenidos, si la obligan a esconderlos –dizque para proteger el honor ya que nadie es culpable hasta vencido en juicio– se vulnera el derecho del público a saber y a estar informado. Aparte que solo serviría para enterrar –frente a una concurrencia incrédula de sus autoridades– toda la labor de los operadores de justicia, como servicio a la sociedad, en cumplimiento de sus obligaciones públicas. En contraste a tanta criminalidad, la impresión que quedará en el auditorio será que son incapaces e inútiles.
