Tegucigalpa. La Asociación de Medios de Comunicación de Honduras (AMC) instó este lunes al Parlamento del país a no aprobar un proyecto de ley sobre ciberseguridad que discute ese poder del Estado, al considerar que violenta «derechos fundamentales y garantías constitucionales».
En un comunicado, la Asociación de Medios de Comunicación indicó que tiene la responsabilidad de «cuidar» que la libertad de expresión en el país «se mantenga invulnerable e incólume» frente a la iniciativa que discute el Parlamento hondureño.
Además, hizo un llamamiento a «la reflexión sobre la forma final en que quedará configurado un estamento jurídico de tanta trascendencia».
El debate sobre la naturaleza de esta ley precisa que los diputados «mantengan el espíritu reflexivo que debe caracterizar al Parlamento hondureño, demostrando liderazgo con sabiduría para garantizar la tranquilidad social y la seguridad jurídica», añadió la Asociación.
Dijo que espera que los parlamentarios «se tomen el tiempo para darnos a los hondureños un producto legislativo con mucha sabiduría, sin embargo, instó al Congreso Nacional a «suspender la discusión» del proyecto para «evitar que se violenten derechos fundamentales y garantías constitucionales».
Señaló que «si bien es cierto que vivimos en la era digital, en que desafortunadamente la falsedad convertida en información corre como la pólvora, haciendo languidecer a la verdad, blindada por el indigno anonimato, no menos cierto es que en la humanidad terminará imponiéndose el buen lenguaje, el que permite la explicación y la persuasión para la toma colectiva de decisiones».
La iniciativa de ley fue presentada la semana anterior por el diputado Marcos Paz, del gobernante Partido Nacional, argumentando que lo que se busca es regular el odio y la discriminación en redes sociales e internet.
La organización destacó que, aunque las «fake news» (noticias falsas) ocupan «espacio en la atención de las personas para desplazar momentáneamente a la verdad, esta termina imponiéndose, defendiendo su derecho al trono de la confianza con que le respalda la opinión pública de nuestra nación».
Además, señaló que la legislación hondureña «ya contempla las penas para castigar» lo que se publica en las redes sociales mediante un «lenguaje punzante y a veces procaz, con acusaciones graves, así como los insultos más salvajes ante las ideas contrarias».
«Por lo que se impone la reflexión y la serenidad para no crear una albarda jurídica que pudiera lesionar la más sagrada libertad de las personas, como es la libertad de expresión», agregó.
Además, pidió «respetuosamente» a los diputados y de «manera especial» a sus dirigentes que «en aras de mantener intacta nuestra democracia, se reflexione lo suficiente al momento de aprobarse la Ley Nacional de Ciberseguridad, de manera que sea un estamento que contribuya a que la verdad y el respeto recuperen su papel central en el campo de la información».
Dijo que aspira que cualquier legislación relacionada con ciberseguridad «sea el faro que alumbre lo suficiente para que la comunicación a través de los medios y las redes sociales sirva para inspirar y convencer, y no para engañar y enfurecer».
Para ello, señaló, la legislación local «ya tiene herramientas suficientes para garantizar que la información que se transmita al público se haga con un lenguaje humano y no con una lengua desnaturalizada»
