Washington. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha suspendido a Venezuela de forma estrepitosa en su examen sobre derechos civiles, económicos, sociales y políticos y ha advertido al mundo sobre el «alarmante» deterioro del orden democrático y el «debilitamiento» de los derechos humanos. Una deriva que se ha intensificado en los dos últimos años, sobre todo durante las protestas antigubernamentales de 2017.
La demoledora radiografía presentada en la sede de la OEA en Washington es tan negativa que dibuja un país agujereado por la mala gestión, la corrupción y los abusos de la revolución, con «desabastecimiento generalizado» de alimentos, medicamentos e insumos médicos, «aumento de la violencia», «graves injerencias» del gobierno y del poder judicial en el poder legislativo y «severas restricciones a la libertad de expresión», entre otras muchas denuncias.
La situación es dramática, según la CIDH, tanto dentro de Venezuela como en el éxodo masivo de los venezolanos, con primera escala en Colombia y Brasil. «Venezuela no puede continuar eludiendo indefinidamente sus responsabilidades internacionales en derechos humanos», concluye el informe.
Violaciones de los derechos humanos
«Dicho deterioro ha llegado a niveles inadmisibles, que la región no puede seguir dejando pasar por alto. La crisis de Venezuela se ha extendido a otras naciones del continente, por la creciente movilización masiva de venezolanos que salen de las fronteras huyendo de la crisis humanitaria compleja que vive el país», explica Nizar El Fakih, abogado defensor y director de la ONG Pro Iuris.
El informe ha guardado un apartado especial a las protestas del año pasado, cuya represión provocó el asesinato de 144 personas, según sus cálculos. Las torturas, malos tratos y la violencia sexual se han extendido contra los detenidos, miles según las investigaciones, a los que incluso se les ha juzgado por tribunales militares siendo civiles.
«Quienes disienten con el Gobierno sufren serias represalias, como se constata en las frecuentes detenciones y destituciones a alcaldes, gobernadores, diputados y opositores», rechaza la CIDH.
«El organismo internacional ha reconocido que en algunos casos las violaciones de derechos humanos son sistemáticas, lo cual pudiera contribuir al examen preliminar que la semana pasada emprendió el Tribunal Penal Internacional para determinar si durante las protestas se cometieron delitos de lesa humanidad, en el entendido que para la configuración de estos delitos la sistematicidad es un requisito esencial», añade El Fakih.
La crisis económica no es «excusa» para que un Estado «deje de dar atención prioritaria a los derechos a la alimentación, a la salud y otros», sobre todo para los más vulnerables, criticó la relatora Soledad García Muñoz. Según los cálculos manejados por la Comisión, la escasez de insumos médicos llega al 90% y los servicios para diagnósticos, al 80%.
El relator Edison Lanza también profundizó en los ataques contra la libertad de expresión, a través de la «violencia, decomiso de equipos, cierre de medios, criminalización, hostigamiento contra quienes se pronuncian fuera de la aprobación estatal, censura y secretismo».
