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Colegio de Periodistas de Honduras (CPH) |
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Libertad de prensa y los funcionarios públicos
Presidencia del Colegio de Periodistas de Honduras (CPH):
1.
Que los funcionarios públicos están obligados a rendir cuentas de su gestión, a
través de los requerimientos o denuncias que realizan los periodistas en los
medios de comunicación y no deben de responder con expresiones que inhiban el
debate público, haciendo valer sus condiciones de autoridad ni utilizando los
recursos del Estado.
2.
Que los funcionarios públicos deben responder a las críticas o señalamientos con
obras que justifiquen su ejecutoria, ya que obtuvieron el poder a través de
ofertas y deben convencer al pueblo cumpliendo el Plan de Gobierno.
3.
Que los funcionarios públicos cuando son respetuosos de la Libertad de Prensa,
permiten que los periodistas podamos emitir juicios, pareceres y opiniones sin
someterlos a campañas denigrantes ni a estrangulamiento socio económico.
4.
Que la crítica periodística no le otorga el derecho a los funcionarios públicos
a contra-criticar, siendo ellos los que están obligados a informar de forma
exacta y veraz, ya que cumplen con una función pública que obtuvieron a través
del voto, debiendo en consecuencia ser tolerantes.
5.
Que el Soberano Congreso Nacional al derogar la figura del Desacato que
sancionaba con cárcel al que ofendiera a un funcionario publico, por analogía
dejó en claro que ningún funcionario público puede sentirse ofendido en su
dignidad, cuando los periodistas le sometan a crítica su gestión pública, su
estilo gerencial e incluso su accionar particular.
6.
Que es evidente el uso de los recursos del Estado, para inducir a los medios y
periodistas a adoptar posturas complacientes, pretendiendo provocar el
congelamiento de la crítica que daña la gestión pública escondiendo lo que es
evidente.
7.
Recordamos que los funcionarios públicos por las responsabilidades de su cargo,
poseen una vida expuesta al escrutinio del pueblo y en consecuencia los
periodistas, están en el interés legítimo de la ciudadanía a realizar las
críticas que estime necesaria en contra de sus autoridades.
8.
Que los funcionarios no están en el derecho individual de reclamar igualdad de
oportunidades ante la crítica periodística o ciudadana, ya que somos nosotros
los que con nuestro voto aceptamos sus ofertas de campaña, debiendo ellos
únicamente cumplir lo ofrecido o justificar su incapacidad de acuerdo a las
circunstancias.
9.
Que es una actividad inmoral el uso de grupos de respuesta gubernamental
financiados con fondos públicos, los que únicamente aportan confusión o rechazo
de la ciudadanía.
