Tegucigalpa.-Al menos 15 periodistas y comunicadores sociales fueron víctimas de desplazamiento forzado, durante el 2017, luego de ser objeto de amenazas a muerte, hostigamiento y otras acciones que pusieron en riesgo su integridad física y su vida, así como la de sus familiares, reveló un informe del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH).
El documento establece que la Unidad de Desplazamiento Forzado Interno (UDFI) del CONADEH, registró, en el 2017, alrededor de 688 casos de personas y familias en situación de riesgo o desplazamiento interno de los cuales el 2.2% pertenecen a periodista y comunicadores sociales.
El informe, que fue presentado al Congreso Nacional, detalla que la UDFI, registró al menos 15 casos de periodistas o comunicadores sociales que habrían sido víctimas amenazas de muerte y hostigamiento, entre otras.
Esta situación ocasionó que 5 periodistas y comunicadores sociales fueran forzados a desplazarse de sus lugares de residencia o donde suelen realizar sus actividades laborales, mientras que otros diez manifestaron estar realizando las acciones necesarias para salir al interior o exterior del país, en busca de protección.
Para el ente estatal de derechos humanos, es motivo de preocupación que las medidas existentes no sean suficientes, efectivas o adecuadas en materia de seguridad y justicia para las víctimas y sus familiares.
Las denuncias registradas por el CONADEH establecen que, en algunos casos, el ejercicio periodístico sobre sucesos de violencia acaecidos en zonas dominadas por grupos criminales como maras, pandillas, bandas criminales o narcotraficantes, se traduce en peligro para los comunicadores.
Ese peligro se refleja luego que periodistas y comunicadores sociales son objeto de amenazas a muerte, actos de intimidación mediante el robo de equipo, material periodístico o la extorsión.
Roberto Herrera Cáceres, titular del CONADEH, expresó que estos son hechos que ejercen presión para que los profesionales o personas que laboran en los medios de comunicación sean forzados a desplazarse hacia otros lugares para salvaguardar su vida y evitar que la violencia escale a agresiones mayores, en contra de ellos o sus familiares.
Indicó que en el marco de la crisis postelectoral, la violencia política ha tenido un impacto significativo al abrir o ampliar el campo de agresiones, amenazas, atentados y persecución en contra personas ligadas a los medios de comunicación.
Esta situación, ha derivado en el incremento del riesgo de desplazamiento por parte de periodistas y personas ligadas a los medios de comunicación, incluyendo sus familiares.
El informe revela que los periodistas y comunicadores sociales, en Honduras, son también, con frecuencia, objeto de amenazas y agresiones por las redes sociales.
Según el ombudsman hondureño, todas estas acciones contra la libertad de expresión deben ser objeto de una activa y puntual investigación que derive en judicialización, aunque hasta ahora sus autores actúan con total impunidad.
“Las autoridades encargadas de la investigación, tienen el deber de indagar e identificar, para que se proceda a juzgar y sancionar a los autores de estos delitos”, precisó.
Añadió que la falta de cumplimiento de la obligación de investigar hechos de violencia contra periodistas y comunicadores sociales, por parte del Estado, implica incumplimiento de las obligaciones de respetar y garantizar el derecho a la libertad de expresión en el país.
La protección del derecho a la libertad de expresión exige que las autoridades aseguren las condiciones necesarias para que los periodistas y comunicadores sociales puedan realizar su trabajo libremente, declaró.
Lanzan voz de alerta
Herrera Cáceres también hizo pública una declaratoria de las instituciones nacionales de derechos humanos de Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, México y Honduras, así como del Relator sobre los Derechos de los Migrantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la que manifiestan su rechazo por el desplazamiento forzado de periodistas.
Esa situación representa una manifestación de violencia que, en la actualidad, afecta a diversos actores sociales, entre ellos, a las personas que ejercen el periodismo, señalan en el documento.
“Reafirmamos que estos actos de violencia fomentan el temor y propagan el miedo entre los profesionales de los medios de comunicación, quienes prefieren abandonar sus hogares y trabajos, para ponerse a salvo a sí mismos y a sus familiares, haciendo que los eventos de desplazamiento forzado de esa población sean cada vez más frecuentes”, indica la Declaratoria.
Señalan que mientras se cometan actos de violencia contra periodistas y comunicadores sociales, aumenta el riesgo de ser víctima de desplazamiento forzado interno y con ello, se incrementa también la violación al derecho a la libertad de expresión.
“Obligar a desplazarse a quienes ejercen dicha labor, también es una forma de censura previa, que está prohibida por los tratados internacionales de protección de derechos humanos. Reconocemos que la labor de los periodistas y comunicadores es pieza fundamental y base de la construcción de las democracias en nuestras naciones”.
La Declaración fue firmada por Ramiro Rivadeneira Silva, Defensor del Pueblo del Ecuador, Jorge Rodas Andrade, Procurador de Derechos Humanos de Guatemala, Luis Raúl González Pérez, Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México, Raquel Caballero de Guevara, Procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos de El Salvador.
Además, por Luis Ernesto Vargas Silva, Comisionado Relator sobre Derechos Humanos de los Migrantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y Roberto Herrera Cáceres, Comisionado Nacional de Derechos Humanos de Honduras.
